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«No hay huérfanos en Ciudad Juárez». La
luz blanca de los halógenos palidece la tez morena de Lorena González, Subprocuradora
del DIF (Desarrollo Integral de la Familia) del Estado de Chihuahua. «De hecho, no hay huérfanos en
todo el Estado de Chihuahua», continúa. Sobre la mesa, decenas de carpetas con
informes que se apresura a apartar porque «se ve todo revuelto», dice
pizpireta.
Entre finales de 2006 y 2012, Ciudad Juárez (México) vivió los años más duros de la guerra del narco, coincidiendo con el mandato del presidente Felipe Calderón. Su sexenio en el poder se saldó con más de 121.000 muertes violentas en Cd. Juárez, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Se trataba de una guerra no declarada pero real que tan solo en Cd. Juárez registró 9.149 homicidios.
«No consideramos huérfanos a los niños que tienen familia. Si tienen un tío o un primo, no están en situación de orfandad», comenta Lorena González. En su camiseta, de un morado intenso, se puede leer DIF Estatal Chihuahua. La misión de esta institución es «prevenir y proteger a la infancia en Cd. Juárez», afirma. Le pregunto por las estadísticas generales de los menores víctimas de algún tipo de violencia. «No tenemos esos datos», contesta seria.
La generación sin padres
Actualmente, las muertes en Juárez han descendido y se vive una calma extraña donde las consecuencias de un pasado convulso se hacen más visibles. Una de las más llamativas ha sido la aparición de generaciones de niños que han perdido a uno o a los dos progenitores (aunque no hay números oficiales, se estima que ascienden a 12.000 menores). Otra consecuencia ha sido el aumento de casos de violencia intrafamiliar.
De todos estos menores, 200 están bajo la tutela del Estado en los 35 albergues infantiles subrogados (privados pero con ayudas y vigilancia públicas) en Cd. Juárez. Solamente hay dos albergues públicos en todo el Estado: uno para niños de 0-6 años y situado en la ciudad de Chihuahua, a más de 350 km; y otro para menores migrantes. «La operatividad de los albergues la regula un comité especializado, situado en Chihuahua, no el DIF Estatal», responde González rápidamente, derivando todas las preguntas referentes a orfanatos a esa institución.
Su despacho —fresco, limpio y bien amueblado— contrasta con la sala de espera, donde decenas de padres, madres y demás familiares aguardan cabizbajos su cita para la revisión de su caso, amontonados en tres filas de asientos.
Según explica ella, deben pasar un proceso de evaluación psicológica y socioeconómica para valorar si son aptos para recuperar a sus hijos. «Mucha gente dice que el DIF se lleva a los niños. Pero no es así, nosotros queremos que estén con sus familias, por eso los devolvemos a sus hogares cuando los padres están preparados», afirma. ¿Qué porcentaje de éxito hay en las reintegraciones de los niños a sus casas? «Pues … un 98%. Solo un 2% repite la misma problemática», afirma.
La zona con más asesinatos
Abandono el despacho en busca de más respuestas y decido visitar a la Red por los Derechos de la Infancia, un conjunto de asociaciones no gubernamentales. José Luis Flores, secretario ejecutivo de la Red, me recibe en una pequeña sala blanca dentro de un edificio con apariencia de nave industrial, situado en una de las zonas más seguras de la ciudad.
Tan solo a unas calles del DIF, las cosas se ven muy distintas. «Por toda la ciudad se han asesinado a personas. Toda la ciudad esta impregnada de huérfanos», dice Flores, que señala especialmente la zona del Poniente como foco rojo del problema: «Es una zona muy pobre con una precaria infraestructura social donde se estima que está asentado el 40% de la población. Es, además, el área que ha tenido los índices de homicidios más altos».
Flores enciende un proyector y empieza a mostrar gráficos que traducen la ciudad a cifras. El 33% de la población de Cd. Juárez vive en pobreza moderada, el 33,6% tienen carencias alimentarias y el 4.8% está en condiciones de pobreza extrema. Es decir, 60.000 personas no saben qué van a comer hoy, según datos facilitados por Red por los Derechos de la Infancia y obtenidos de INEGI 2010. «Hay un discurso oficial desde el Estado de que en Juárez todo está bien, pero esto solo está invisibilizando situaciones concretas de la vida de las niñas, los niños y las familias que están en precariedad», comenta Flores.
No se calla. Es un hombre acostumbrado a
estudiar, a analizar y a opinar, incluso sobre una de las lacras de la ciudad:
el crimen organizado. «Yo podría ser un narco», reconoce. «Si mi hijo no tuviera qué comer, quién sabe qué haría
para cuidar de él. En cierta manera, los narcos son hombres de negocios que se
han sumado al negocio más próspero de la ciudad», explica afligido.
Tras unos segundos de silencio, añade: «No defiendo las prácticas violentas pero creo que a veces olvidamos el contexto en el que surgen. Algunas personas dedicadas a la delincuencia organizada pueden llevar una vida ordinaria tan aceptable que resulta difícil creer que se dedican a actos ilícitos. Así se puede vivir en Juárez».
Dos años después de la etapa más violenta, ni los huérfanos lo son, ni los narcos lo parecen y los frutos de la pasada guerra se materializan en las calles y dentro de las casas. La gente ya no vive tan asustada pero ahora la preocupación se centra en las nuevas generaciones porque serán estas las que determinen si se acaba o se repite la misma historia. Juárez se prepara para cambiar y será ahora cuando sus acciones decidan su futuro.
Ana
Veiga es periodista. Actualmente, prepara su primer documental, 'Solo Dios puede juzgarme', sobre Ciudad Juárez (México). La película se centra en el
renacimiento que está viviendo esta ciudad tras haber superado los años más
sangrientos de la guerra del narco.